La Inspección General de Justicia ha emitido la Resolución General 1/2025, la cual introduce importantes modificaciones a la normativa vigente sobre sistemas de capitalización y ahorro. El objetivo de esta actualización es adecuar las exigencias de capital a las condiciones económicas actuales, estableciendo nuevos requisitos para las entidades que operan bajo estos sistemas.
Entre las principales modificaciones, destaca la actualización del capital mínimo requerido para operar. Las entidades en general deberán contar con un capital mínimo de cien millones ($100.000.000), mientras que aquellas que operen bajo los planes establecidos en el Capítulo IV deberán disponer de un capital mínimo de trescientos millones ($300.000.000). Además, se establece un límite para los contratos de doscientos diez mil millones ($ 210.000.000.000) para las entidades bajo estos planes. También se ha fijado un nuevo valor inicial mínimo por suscriptor de pesos tres millones ($3.000.000).
Las entidades que no cumplan con los nuevos requisitos de capital establecidos deberán alcanzar los mínimos correspondientes antes del 30 de abril de 2025, plazo máximo para regularizar su situación. Este ajuste busca fortalecer la estabilidad de las entidades y adaptarlas a la realidad económica actual.
La resolución también incluye modificaciones específicas sobre la fiscalización y el control del capital social de las entidades, así como nuevas reglas sobre los informes contables que deberán presentar las entidades bajo la supervisión de la IGJ.
La Resolución General 1/2025 entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que es fundamental que las entidades comprendidas en estas disposiciones comiencen a tomar las medidas necesarias para cumplir con los nuevos requisitos dentro de los plazos establecidos.